El proyecto de la nueva ley de medios se encuentra desde mayo a estudio de la comisión de Industria de Diputados. Si bien los debates se han centrado en la apertura del acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, la cuestión de la concentración y extranjerización de los medios de comunicación surgió con fuerza en varias oportunidades.
No ha sido un año normal en la gestión parlamentaria. Al recambio de legisladores, muchos de los cuales hacen su primera experiencia, se ha sumado una inesperada pandemia que alteró el funcionamiento. Además, los legisladores han tenido que dedicar muchas horas a tratar los proyectos de la ley de urgente consideración (LUC) y luego del presupuesto quinquenal. De todas formas, el trabajo en las comisiones parlamentarias es ágil y existen importantes proyectos que están siendo tratados en ambas cámaras.
Uno de ellos es el proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual, mejor conocida como «nueva ley de medios», que fue el primero en ingresar a la comisión de Industria de la Cámara de Diputados ni bien asumió el representante Sebastián Cal como presidente. Fue el día 6 de mayo que los integrantes de la misma coincidieron en la importancia de tratar esa norma como prioridad. Esta discusión estuvo presente en siete de las once sesiones, teniendo en cuenta que en el medio surgió el escándalo del caso Cendoya, que fue abordado desde esta comisión.
Cabe señalar que inicialmente el Poder Ejecutivo agregó al primer borrador de la ley de urgente consideración un artículo que derogaba las disposiciones declaradas inconstitucionales del régimen vigente de la Ley 19.307. Luego eso se quitó de la LUC y se presentó un proyecto de ley que va más allá y supone una derogación parcial de aquel régimen que había sido tan cuestionado por los partidos Nacional, Colorado e Independiente durante su aprobación en el año 2014. Ley que recién fue reglamentada en 2019 por el gobierno del Frente Amplio y que fue duramente impugnada ante la Suprema Corte de Justicia.
Observando los antecedentes, se advierte que ni el Frente Amplio logró en su momento presentar la ley de medios que pretendían muchos colectivos y organizaciones que reclamaban una regulación extrema, ni tampoco el Partido Nacional accedió ahora a la derogación y desregulación total a la que aspiraban algunos grupos económicos y sectores más liberales.
De los 90 artículos del proyecto en estudio, el artículo 48 ha sido el más debatido, en lo que refiere a la apertura del acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y el papel de Antel frente a este nuevo escenario de competencia. Sin embargo, los primeros capítulos sobre las licencias para la prestación de servicios de difusión de contenido audiovisual, sobre el espectro radioeléctrico y canales radioeléctricos, pero, sobre todo, sobre los licenciatarios de servicios y las limitaciones a la titularidad de licencias y régimen de incompatibilidades, así como la transferencia y plazos, también fueron objeto de polémica.
La posición del Ministerio de Industria y los «colosos globales»
El 13 de mayo asistió a la comisión el ministro de Industria, Omar Paganini, acompañado por varias de las principales autoridades. Durante su intervención, Paganini resaltó que los cambios tecnológicos provocan un retroceso en los medios de comunicación tradicionales, de broadcasting, y esto supone dificultades en las empresas para continuar su negocio. El ministro abogó por un marco más flexible y menos restrictivo que «busca adaptarse a las realidades del negocio local y regional en Montevideo y el interior». Destacó también que el régimen del 2014 «determinaba además un monopolio para la transmisión de datos, sin contar con las mayorías necesarias para establecer un monopolio», en clara referencia a la situación de Antel como único proveedor de banda ancha.
Esa misma jornada el director de Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, puso énfasis en las dificultades que atraviesan los medios de comunicación del interior del país. «Debemos comprender la situación de la que estamos hablando en relación a los medios del interior, no solo por su volumen comercial o económico, sino por los aspectos relacionados a la sociedad y a lo que ellos significan en cada región, en la difusión de la cultura nacional como un elemento clave de interacción con los agentes vivos de la sociedad», subrayó.
Integrantes del Frente Amplio apuntaron contra los monopolios y oligopolios de medios. «Para nosotros eso es absolutamente definitorio; es de principios. No concebimos la libertad de expresión si los medios de comunicación están en manos de pocas personas».
En esa línea, el diputado colorado Marne Osorio advirtió sobre el «marcado descenso» de los medios audiovisuales, de radio y escritos en el interior del país. «Son muchas las empresas que en los últimos tiempos han ido cerrando», explicó. «Tengo la percepción de que el marco normativo anterior, que podrá haber tenido elementos de regulación en muchos aspectos, fracasó en materia de descentralización y de preservación de la competitividad de los medios del interior», dijo Osorio.
Mientras los legisladores del oficialismo llamaron a reforzar, además, la descentralización del acceso a Internet, integrantes del Frente Amplio apuntaron contra los monopolios y oligopolios de medios. «Para nosotros eso es absolutamente definitorio; es de principios. No concebimos la libertad de expresión si los medios de comunicación están en manos de pocas personas, porque eso solo garantiza una sola dirección en materia de trasmisión de mensajes», dijo el frenteamplista Carlos Varela, opinión que fue compartida por el diputado colorado Martín Melazzi, vicepresidente de la comisión.
A la discusión se sumó el diputado del FA, Daniel Caggiani, quien alertó de los cambios que podrían aprovechar grupos muy importantes que podrían terminar «convergiendo en nuestros canales de televisión, servicios de cable o de operadores, al ser captados por esos colosos globales de las telecomunicaciones».
Ursec se limita a aplicar las normas
La siguiente reunión de la Comisión de Industria fue el 9 de junio, a la que fue invitada la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía. En dicha ocasión destacó que los medios tradicionales «vienen con tendencia negativa», mientras que los servicios de datos e Internet «vienen con un crecimiento constante».
Aramendía aludió también al artículo 16 del proyecto de ley sobre el aumento de licencias. «Entiendo que esa disposición venía con lo que establece el artículo 53 de la Ley 19.307 y, como dije anteriormente, en la Ursec solo aplicamos las normas, no somos los que las diseñamos: por lo tanto, no podemos decir en qué se basa». «Si tomamos en cuenta lo que dice la exposición de motivos -aclaro que es una opinión personal-, podemos deducir que va en línea con el hecho de que los servicios tradicionales están siendo afectados debido al cambio tecnológico y a que la publicidad tiene que distribuirse entre otras plataformas. Por esa razón, se compite con otros servicios, con otras plataformas electrónicas globales, y considero que hay que dar flexibilidad y colaborar con los medios tradicionales para que puedan seguir prestando servicios de calidad y a largo plazo», agregó.
Para Andebu la reglamentación actual es «demasiado restrictiva» y apuntó a que se den posibilidades de que los medios «puedan ser más sustentables y fuertes desde el punto de vista de sus estructuras». «Sobre si son cinco, ocho o diez, realmente no tenemos un estudio».
Tampoco quedó muy claro lo referido al cómputo de las licencias. Al respecto, la presidenta de Ursec se limitó a responder que el organismo solo aplica normas y que, de todos modos, se debe tener en cuenta que la ley vigente y el decreto 45 de 2015 «establecen que a partir de dicha fecha se empezaban a computar los plazos, pero la realidad es que el Poder Ejecutivo lo va a analizar, porque en la redacción actual no está contemplado».
A esto, una de sus asesoras añadió que según «los diferentes usos que determina el decreto 114/003 reglamentario del espectro radioeléctrico, las autorizaciones o derechos de uso pueden otorgarse con plazos o sin plazos, dependiendo de si se otorgan en el marco de procedimientos competitivos o no». «Cuando las autorizaciones eran de carácter revocable y precario se transformaban en autorizaciones de plazos indefinidos, porque salvo que hubiera una causal de revocación grave, lo revocable y precario se transformaba en mucho más duradero que una autorización que tuviera un plazo», indicó la asesora. No obstante, otro asesor complementó que «el uso del espectro radioeléctrico no se limita a determinadas cuestiones que tienen que ver con servicios comerciales que requieren garantías, para los que sí es necesario establecer plazos». En cuanto al procedimiento de otorgamiento de las licencias, Aramendía se comprometió a enviar a la comisión una nota explicativa haciendo consideraciones al respecto.
En busca de transparencia para los procesos de adjudicación
En esa misma reunión participó una delegación de la coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil. Uno de los principales motivos fue defender la existencia de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), entendiendo, entre otras cosas, que permite realizar audiencias públicas y procesos competitivos y transparentes para la asignación de frecuencias, agregando que se estableció en el régimen vigente el requisito de un proyecto comunicacional como parte del concurso por una frecuencia de radio y televisión.
En tanto, el licenciado Daniel Lema, integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), comenzó su intervención anunciando que se referiría a cuatro puntos: límites a la concentración, extranjerización, congelamiento del mapa de medios actual y producción nacional. «Sobre los cambios propuestos en materia de regulación anticoncentración implican un retroceso importante en materia de pluralismo y diversidad de los medios del país. Además, se afectan las recomendaciones y los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión». Sobre el artículo 16 propiamente advirtió que triplica el límite de acumulación de titularidad y puede pasar que «una sola persona domine todos, o los más importantes medios de comunicación de una ciudad o departamento» y que «si alguien tiene menos del 30 % de las acciones de una licencia no tiene ningún límite para ser propietario de todas las emisoras del país».
Daniel Lema de CAinfo advirtió que «se afectan las recomendaciones y los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión».
«Además, el proyecto solo controla la acumulación en personas físicas o jurídicas, y borra la noción de grupo económico, que es algo muy importante, ya que de esa forma se permite volver al funcionamiento de testaferros para superar la ya alta concentración permitida por la norma», alertó Lema.
El integrante de CAinfo planteó que el proyecto «plantea derogar todas las disposiciones que actualmente ponen límites a la concentración de televisión para abonados, salvo la propiedad cruzada entre licencias de expedición satelital con otros servicios de difusión audiovisual» y manifestó su preocupación por la posible extranjerización que puede generar la concentración «ya que si bien el artículo 13 del proyecto mantiene los actuales requisitos respecto a limitar o prohibir la propiedad de medios en manos de extranjeros, personas no residentes ni ciudadanas, el artículo 14 borra esta regulación al disponer expresamente que esta limitación no vale si se produce una compra de empresas uruguayas de televisión para abonados por parte de una empresa extranjera». Lema destacó que el proyecto «congela el actual mapa de medios audiovisuales de Uruguay» y mencionó varias disposiciones que permiten ampliar plazos de forma automática.
El asunto de la asignación de frecuencias durante el segundo gobierno frenteamplista también estuvo presente. Según el diputado Carlos Varela, se tuvo que atender «un atraso grande» de procesos «que habían empezado en 2013 o 2014 y nunca habían terminado». «Era la primera vez en el país que en vez de que un ministro y un presidente firmaran otorgando una radio a alguien sin saber más nada (…) podían presentar su propuesta».
Entre la defensa de la competencia y los grupos económicos
Más adelante, el 5 de agosto se presentó a la comisión una delegación de Andebu. En esa oportunidad el diputado colorado Melazzi preguntó «si no les parece un poco excesivo pasar de tres a ocho la cantidad máxima de licencias por persona». En respuesta, el asesor letrado de Andebu, Juan Andrés Lerena, manifestó que la reglamentación actual es «demasiado restrictiva» y apuntó a que se den posibilidades de que los medios «puedan ser más sustentables y fuertes desde el punto de vista de sus estructuras». «Sobre si son cinco, ocho o diez, realmente no tenemos un estudio», agregó. «Tenemos una ley sobre defensa de la competencia, que se puede perfectamente aplicar en casos de abuso», opinó.
La última sesión de la Comisión de Industria hasta la fecha tuvo lugar el 7 de octubre y fue invitado, entre otros, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Gustavo Gómez, quien se centró en los temas de concentración y pluralismo. «Estamos muy preocupados por este tema. Creemos que algunas disposiciones del proyecto de ley a estudio y lo que deroga tácitamente contradicen principios importantes para la democracia y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, favoreciendo una excesiva concentración del poder en una élite empresarial del país», consideró Gómez.
«Cambiar de ocho a cinco -incluso dejar el límite en tres; ojalá que lo puedan considerar-, es lo mismo si se mantienen estas dos disposiciones a que hacemos referencia: el 30 % máximo y la eliminación del concepto «grupo económico». Digo esto porque actualmente tenemos grupos que superan los límites de concentración establecidos por la legislación, y harán lo mismo si esto se elimina y se blanquea esta situación, porque alcanzará con que alguien ponga una empresa a nombre de un abogado o de un familiar para superar el límite legal de las ocho, tres o veinte licencias», remarcó el director de OBSERVACOM. «Por eso, pedimos que se ponga especial atención a este artículo 16, que nosotros proponemos que se elimine y se mantenga lo que establece la ley vigente», agregó.
Gómez también alertó sobre la «grave» concentración de licencias que puede darse en la televisión para abonados y sobre el artículo 14 que habilitaría una «trampita» permitiendo a empresas extranjeras comprar cualquier medio de comunicación de televisión para abonados y hacerse dueña del 100 % de la licencia.
Según Gómez, la nueva ley permitiría sostener un oligopolio de medios dado que el artículo 26 del proyecto «establece que el Estado hará un estudio para saber si pueden entrar nuevos medios y preguntará a los actuales operadores si está bien que entren nuevos medios. Es como si a un carnicero le preguntaran si está de acuerdo con que le pongan una carnicería cerca. ¿Qué va a contestar? Que no. Esto jamás lo vimos en ninguna parte». «Es un traje a medida de los actuales dueños de medios de comunicación, que les da la posibilidad de vetar un concurso para que entren nuevos operadores, porque legítimamente nadie quiere que le compitan», sostuvo.
En otro orden, Gómez informó que hoy los medios de Montevideo se quedan con el 95 % de la publicidad oficial y denunció que en la actualidad hay un marco de concentración con «grupos económicos que son ilegales» y apuntó la responsabilidad contra el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la vigente ley. En esta línea, le siguió uno de los integrantes de la delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Martín Prats, quien aseguró que con la concentración de medios se afecta la «búsqueda de promoción de pluralismo, diversidad, intercambio y debate libre de ideas».
Imperios multimedia, suben y bajan
El 23 de mayo del presente año, Gustavo Gómez de OBSERVACOM, recomendó un hilo de Twitter sobre el Grupo Magnolio y Océano FM. «Aprovecho a aclarar que solo tengo elementos para analizar la parte de la concentración mediática. Y lo sostengo. Pero no tengo idea de dónde vino la plata para la inversión» escribió. En la publicación realizada por un usuario anónimo de las redes, se hace referencia a «suspicacias» respecto al poco tiempo en que se logró levantar un «imperio multimedio». El Grupo Magnolio suma a las radios Del Sol, El Espectador, Latina, Urbana y también al portal 180, a lo que suma también la sala Magnolio de eventos, en el predio de la calle Pablo de María.
En contraste, cabe señalar que por aquellos días de mayo la radio Océano FM levantaba toda su programación y dio de baja a sus empleados, entre ellos reconocidos comunicadores. Según informó en su oportunidad el diario El Observador, la decisión respondió a temas económicos. Tiempo después, en el mes de setiembre se anunció que Océano FM y el semanario Búsqueda se unían para brindar un espacio de información diario.
Recientemente, trabajadores del semanario Búsqueda y de Galería, ambas propiedad del grupo empresarial internacional Casino, denunciaron que una «mala gestión administrativa» y varias reestructuras laborales con reducciones salariales, pagos fraccionados y despidos, así como el incumplimiento de convenios alcanzados.
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